Gualeguaychú: el bloqueo de la ruta es “ilicito” pero no es “delito”

El juez de la Corte Suprema consideró que la protesta de los asambleístas de Gualeguaychú ya cumplió "el tiempo necesario para llamar la atención" y que ahora podría ser objeto de alguna demanda económica. No obstante, dejó bien en claro que no es un "delito" y que no se trata de "criminalizar" la protesta

Zaffaroni precisó que el reclamo se transformó en "ilícito" desde que las autoridades empezaron a tratar la problemática y llevaron el asunto hasta estrados internacionales, con el reciente fallo del tribunal de La Haya.

"Desde que se empezó a atender la situación, desde que empezaron a formularse las protestas internacionales se convirtió en ilícito. Ilícito me refiero a que es contrario al orden jurídico, no es un delito", dijo el magistrado, consultado al respecto.

Así se pronunció Zaffaroni durante una conferencia sobre libertad de expresión realizada en la Universidad de Palermo (UP) y titulada "¿Es legítimo criminalizar la protesta en la vía pública?".

"Es ilícito, pero no delito. Qué significa que algo sea ilícito pero no sea delito, si me perjudica económicamente puedo demandar a los protagonistas y puedo obtener una reparación de carácter civil", indicó, en alusión al corte en Gualeguaychú, que lleva tres años y medio de duración.

En esa ciudad entrerriana, los asambleístas interrumpen el tránsito en la Ruta 136, por la que se accede al Puente General San Martín, y en consecuencia bloquean el paso hacia la vecina ciudad de Fray Bentos, en Uruguay.

El magistrado señaló que si bien las protestas callejeras "rozan el derecho penal", cuando interrumpen vías de comunicación y afectan la circulación de terceros, existen causas que justifican esa forma de proceder, como "necesidades urgentes, apremios o riesgo de vida".

Para Zaffaroni, "no toda la población tiene acceso a todos los canales jurídicos de reclamo", por lo que las protestas en la vía pública son válidas para "llamar la atención de las autoridades", aunque durante un tiempo determinado y hasta que se haya alcanzado ese objetivo.

Zaffaroni dejó entrever que en Gualeguaychú se cumplió "el tiempo necesario" para que los manifestantes logren "llamar la atención y hacer que las autoridades escuchen sus reclamos" en contra la papelera UPM (ex Botnia), que empezó a funcionar en noviembre de 2007 en Fray Bentos.

De todos modos, insistió en que no existe ningún argumento penal que permita "criminalizar" las protestas callejeras y consideró que generalmente se tratan de "materia de regulación contravencional", al afectar, por ejemplo, el "derecho de libre circulación" de terceros.

El "estado de necesidad" que puede llegar a justificar el accionar de las personas que cortan el tránsito para hacer oír sus demandas está "en manos de los jueces", que deben ponderar la situación y determinar si la causa es válida.

"El corte de vía de comunicación en sí, si no pone en peligro integridad física o vida y lo único que afecta es la circulación, creo que desde el punto de vista penal es atípico, no es delito", remarcó Zaffaroni en la UP.

El juez se expresó en estos términos después de que se reflotara una polémica sobre cómo deberían proceder las autoridades frente a los cortes de calles, en medio de otra de otra semana en la que abundaron las protestas en la vía pública en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Fuente: ElDíaLPBA/www.visionfederal.com

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