Denuncian en Asunción un negociado en el transporte naviero de gas oil

Para el transporte de diésel, el tramo más importante licitado fue el de Zárate, Km. 171 hasta Villa Elisa, para lo cual se ofertó la tarifa de US$ 46,60 m3 para un contrato de dos años y, atendiendo a que Petropar también requirió cotización para un contrato de tres años, la propuesta se redujo a US$ 44,60 por m3, como es normal en una contratación con mayor margen de tiempo.

Cabe recordar que el precio anterior que pagaba la petrolera estatal hasta el vencimiento del último contrato vigente, es decir, hasta enero pasado, fue de US$ 43,60.

El “ganador global” de las pujas electrónicas manejadas por Contrataciones Públicas en las denominadas subastas a la baja fue Mercopar, del grupo argentino Horamar, de los hermanos Carlos y Claudio López. El representante paraguayo de esa firma es Eduardo Blanco. En segundo lugar se ubicó la naviera Riverpar (del grupo UABL), cuyo representante local es Luis Amat y León. En la tercera posición quedó Naviera Conosur, que forma parte del grupo Fluviomar, del cuestionado Andrés René Guzmán; y finalmente, la naviera Yerutí, cuyo ejecutivo principal es Guillermo Ehreke.

Llamativamente, Petropar decidió optar por la oferta más cara y con dos años de plazo, en la que terminará pagando US$ 2 más por cada metro cúbico transportado, a pesar que pudo ahorrar, si elegía el contrato de tres años, US$ 7.200.000, por el volumen de unos 100.000 m3 mensuales de gasoíl que le hubieran transportado durante esos tres años.

Cabe recordar que Petropar mantiene dos modalidades de flete, la primera y principal, la realizada en condición FOB, es decir, cuando el combustible es dejado por los proveedores (PDVSA y otras distribuidoras con menores volúmenes de entrega) en los puertos argentinos y desde ahí el combustible es transportado, vía fluvial, hasta Villa Elisa, lo que corresponde a la última licitación a la que nos estamos refiriendo.

La otra modalidad, la que fue declarada ilegal por Contrataciones Públicas, en marzo pasado, implica la provisión de gasoíl por parte de PDVSA con el flete incluido hasta Villa Elisa, en la llamada modalidad DES.

En esta condición de entrega, la petrolera venezolana contrata principalmente a su socia Fluviomar, una naviera con la que comparte otros negocios de fletes en la región, a través de empresas conformadas exclusivamente para el efecto, como el caso de Fluvioalba, una firma mixta creada el año pasado. Fluviomar es la naviera beneficiada ilegalmente, y en forma reiterada, en lo que va del gobierno de Lugo, por la afinidad existente entre el propietario de la misma, Andrés René Guzmán, y el presidente Fernando Lugo, a quien el empresario habría financiado parte de su campaña electoral para las presidenciales del 2008.

Sin embargo, a pesar de la prohibición de operar bajo este régimen, la estatal continúa maniobrando para mantener este sistema ilegal, ese es el caso de la sustitución de la modalidad FOB por la de DES, para burlar la prohibición realizada por Contrataciones Públicas. Cabe recordar que por esta causa, el anterior director de Contrataciones Públicas, Juan Max Rejalaga, tal vez uno de los funcionarios más honestos que tuvo la función pública de nuestro país, fue removido del cargo, porque afectó intereses de la “corona”.

Se presume que Petropar optó por la oferta de flete más cara por dos situaciones concretas. La primera, por su insistencia de continuar con el esquema DES, para lo cual no precisa de las navieras que participaron de la última licitación, porque el negocio es entregado directamente –sin licitación y violando la ley– a la naviera “amiga” de referencia.

La otra causa que habría pesado para que la estatal decida contratar un servicio de solo dos años, a pesar de que la tarifa le resulte más cara, es el interés que sigue teniendo Petropar en conformar su flota propia, y en la que pretende “invertir” cerca de US$ 50 millones del dinero público, una suerte de intento por reflotar la Flota Mercante del Estado, que terminó siendo un verdadero manual de cómo dilapidar los bienes del Estado.

El presidente de Petropar, Juan González Meyer, doblemente imputado por la Fiscalía por lesión de confianza, cuya permanencia en el cargo, con la venia del presidente Lugo, viola la ley de la Función Pública, explicó a medios periodísticos que decidieron contratar el flete con un costo más elevado debido a que “no es conveniente asumir un compromiso por tres años. En tres años pueden pasar muchas cosas”, dijo.
Fuente:abccolor/www.visionfederal.com

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