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El gobierno de Evo Morales golpeado por una caso de narcotráfico

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Sanabria, general retirado de la Policía, fue arrestado la semana pasada en Panamá y acusado de dirigir una operación de narcotráfico mientras comandaba una unidad de élite de 15 personas del Ministerio de Gobierno abocada a la lucha contra ese flagelo precisamente.

Su detención resta credibilidad a las afirmaciones de Morales de que su Gobierno tiene tolerancia cero con la cocaína, y puede afectar su campaña a favor de que se suspenda la prohibición de masticar coca.

Además, reivindica en cierta medida a la DEA, ya que las actividades de contrabando de Sanabria se produjeron después de que Morales expulsara a esa agencia a fines de 2008.

Servicios de Inteligencias chilenos, junto con oficiales de la DEA, intervinieron en la supuesta transacción para la compra y venta de droga entre el general René Sanabria Oropeza y los agentes encubiertos de Chile, que simularon ser narcotraficantes. La transacción fue grabada, filmada y posteriormente presentada ante el juez como evidencia por el fiscal estadounidense Brian Dobbins, que investiga el caso en Miami, según publicó el diario La Tercera.

Las autoridades bolivianas, ante estas evidencias, rechazaron cualquier vinculación del Gobierno con la actividad de Sanabria.

“Hemos heredado un Estado profundamente penetrado, peligrosa y criminalmente, por el narcotráfico, y es obligación del Estado combatir el narcotráfico sin respetar si es mi amigo o mi jefe”, argumentó el vicepresidente Álvaro García Linera, al insistir en que el Gobierno desconocía de las actividades ilícitas del ex jefe de la fuerza antidrogas.

De acuerdo a El Mercurio, periódico chileno, fue el propio general (r) Sanabria, ahora detenido en Estados Unidos por narcotráfico, quien estuvo en agosto pasado en Arica para finiquitar la venta de un contenedor con 144 kilos de cocaína a supuestos mafiosos de un grupo narco de Miami que en realidad eran agentes encubiertos del OS-7 de Carabineros, y recibió un pago de 75 mil dólares por conseguir la sustancia y facilitar la salida del contenedor desde Bolivia.

La prensa chilena publicó en días pasados cómo se preparó (en mayo de 2010) la operación en ese país que llevó a la captura de Sanabria en Panamá el 24 de febrero pasado. Ayer, nuevas publicaciones develaron que Sanabria no sólo ayudaba a que la droga tuviera un desplazamiento seguro, sino que era el que conseguía clorhidrato de cocaína de alta pureza de, al menos, tres grupos narcos bolivianos emplazados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Los agentes chilenos del OS-7 confirmaron que la organización de la que sería parte Sanabria usaba el puerto de Arica para sus envíos de forma sostenida, siempre mediante el uso de contenedores, en medio de productos agrícolas, materiales de construcción o minerales, señala la publicación de El Mercurio.

Según La Tercera, los policías encubiertos descubrieron que un grupo de narcotraficantes pretendía sacar droga desde el puerto de Arica con destino a Miami y Europa, y que había policías bolivianos implicados en la banda. De esa manera, junto a la DEA, se les tendió una trampa.

Los agentes encubiertos simularon ser narcos colombianos y tomaron contacto con la banda. La idea era comprar 144 kilos de cocaína para enviarlos a Miami como una prueba de ruta y para ello, los agentes tomaron contacto con Sanabria.

La reunión para afinar detalles de la operación se acordó en un hotel de la ciudad de Arica. A la cita, que duró varias horas y en la que se habló de dólares, futuros negocios y nexos con las mafias bolivianas, el general acudió acompañado del mayor Milton Sánchez Pantoja, ahora detenido en el penal de San Pedro de La Paz.

Esta reunión, en la que los agentes encubiertos y los policías bolivianos compartieron una comida, fue filmada y grabada. Allí Sanabria habría recibido un maletín con $us 75 mil en efectivo como un avance del pago total por el embarque. El contenedor con la droga del general llegó a Chile el 25 de septiembre y fue despachado a Miami. La droga llegó el 29 de noviembre.

Los oficiales chilenos ofrecieron a Sanabria la compra de un segundo embarque, esta vez por unas dos toneladas de cocaína, a lo que el general habría accedido. No obstante, este envío no se materializó. La promesa del nuevo negocio fue clave en el operativo.

Fuentes del Ministerio Público aseguraron a la prensa chilena que los agentes del OS-7 recomendaron a Sanabria viajar a Panamá a cerrar el trato. Ahí fue detenido y llevado a EEUU.

Según el fiscal de Arica, Jorge Valladares, “todas las diligencias se hicieron al amparo de la ley chilena y con autorización judicial correspondiente”.

El Vicepresidente Garcia Lineras acepto, en conferencia de prensa, que en el caso de Sanabria hubo problemas en los sistemas de información para lograr detectar a tiempo este caso de narcotráfico. “Vamos a mejorar los servicios de Inteligencia, tenemos que hacerlo, es una llamada de atención.

Hay problemas en la información, en la circulación de información. (...) Vamos a apoyar al ministro (de Gobierno) Sacha (Llorenti) con más recursos y con mejores medios técnicos para que el grado de detección de personas en narcotráfico en cualquier ámbito se amplíe y sea mucho más preciso y directo”, dijo en conferencia de prensa.

La lucha contra el narcotráfico en Bolivia se realiza con esfuerzos y recursos propios “y no con la caridad extranjera”, dijo ayer el vicepresidente Álvaro García Linera en rechazo al informe emitido el jueves por el Departamento de Estado de Estados Unidos que calificó como “fracasada manifiestamente” la política gubernamental de combate al tráfico de drogas.

“Desde que el presidente Evo Morales asumió el Gobierno (en enero de 2006) se han asestado duros golpes al narcotráfico y se ha producido la disminución consensuada de los cultivos de coca excedentaria en el marco del respeto a los derechos humanos”, señaló.

La declaración del Vicepresidente contradice el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de Naciones Unidas, que señala que en 2010 los cultivos de coca alcanzaron 30.900 hectáreas, y también con el último reporte del Gobierno de EEUU, que concluye que la capacidad de Bolivia para investigar y desmantelar redes delictivas está disminuida desde la expulsión de la DEA, a fines de 2008.
Fuente:eltiempobva/ap/www.visionfederal.com

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