Macri denuncia que el gobierno “K” tolera a los “usurpadores”

Escrito por rf

Por su parte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ratificó la vigencia de la orden de desalojo para el complejo de viviendas del Bajo Flores, que estaba destinado a familias que viven a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Se trata del predio ubicado entre las calles Lafuente, Castañares y Portela, el cual fue tomado el sábado 5 de este mes por un grupo de personas que desde entonces resiste la orden de desalojo, mientras se da una disputa entre el Gobierno nacional y el porteño.

"Lamento que el Gobierno Nacional persista en su actitud de tolerar a aquellos grupos de usurpadores que en forma violenta se apropian cosas que no son de ellos en lugar de defender los derechos de la gente que respeta la ley", señaló Macri.

El jefe de Gobierno porteño consideró que "esta falta de reacción del sistema político y de las fuerzas de seguridad frente a una orden judicial pone en riesgo esta enorme oportunidad de futuro de los argentinos", en referencia a la orden de desalojo dictada por el juez federal Luis Armela.

"Si a usted le toman ahora la casa va a encontrar a la Presidenta que le a va decir a la Policía que no le devuelva su casa a pesar de que es el legitimo dueño", aseguró Macri

El jefe comunal formuló estas declaraciones al entregar hoy los diplomas a los 110 nuevos oficiales de la Policía Metropolitana en el Instituto de Seguridad Pública, recorrer las nuevas instalaciones del organismo ubicado en Flores Sur.

"Hemos cumplido en todo y estamos desde el primer día esperando actuar con la Policía Federal o a la fuerza que estipule la ministra (de Seguridad, Nilda) Garré".

Por su parte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, mediante una nueva resolución judicial firmada en la víspera y conocida hoy, ratificó lo que dispuso el pasado miércoles y advirtió sobre la imposición de multas para los funcionarios responsables.

El juez Armella hizo saber al "Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, a las Fuerzas de Seguridad que disponga la Ministro de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana, que la orden de allanamiento y desalojo librada con fecha 09-03-11, se encuentra en plena vigencia y deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".

A su vez, el magistrado dispuso que una vez desalojado el complejo, tanto el titular de ACUMAR como las autoridades porteñas realicen una asignación de las viviendas "bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria por cada día de incumplimiento, que el suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen".

En el marco de la causa "Mendoza", el juez a su vez ordenó a los Estados nacional, porteño y bonaerense realicen "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios", ello con el fin de evitar eventuales tomas como ocurrió en el caso.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que la toma del complejo de viviendas sigue "preocupando muchísimo" a las autoridades, y agregó que "lo único que vale es que el Gobierno nacional cumpla con la orden del juez".

"La primera confrontación es del Gobierno nacional, que desoye la orden de un juez de desalojar estas viviendas, que están previstas para otra gente. La orden dice que junto con la Metropolitana (la Policía Federal) proceda al desalojo. Tienen que actuar las dos.

El juez dice eso porque sabe que la Metropolitana sola no tiene una fuerza de infantería capaz de llevar adelante una acción como esta", remarcó.

En declaraciones radiales, Rodríguez Larreta sostuvo que en esa zona del Bajo Flores "la custodia es responsabilidad de la Federal. Se le avisó a la comisaría de la zona respecto a la amenaza de toma y ellos los dejaron entrar igual. No hubo imprevisión. El problema no es un problema político, antes que eso hay una desobediencia al juez".
Fuente:na/www.visionfederal.com

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